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Miércoles, 10 de Marzo de 2010 00:07 |
Los vecinos de las arroceras de Las Palmas y La Leonesa volvieron a sufrir un revés judicial desde el fuero federal. Esta vez, se trata del rechazo por parte del juez subrogante, Eduardo Valiente, a la presentación realizada el 28 de enero de este año de una solicitud de amparo y una medida cautelar para frenar las pulverizaciones con agroquímicos en los campos de Cancha Larga y San Carlos.
El viernes, a más de un mes del pedido, Valiente se declaró incompetente ya que no está probada la contaminación en la zona interjurisdiccional, por lo que pidió que el caso sea tomado por la Justicia provincial.
Tal cual como sucedió en el requerimiento presentado por el fiscal federal subrogante, Gustavo Corregido, Valiente volvió a mostrar su particular visión respecto de la situación ambiental que se vive en la zona lindante a las arroceras que explota el productor, Eduardo Meichtry. Así, al momento de rechazar la presentación de los vecinos consideró que no hay pruebas contundentes respecto de la contaminación interjurisdiccional, en referencia a los ríos Paraná y Paraguay, donde confluyen las aguas con agrotóxicos que se escurren desde las plantaciones de arroz.
Este fundamento lo aplicó tanto en la solicitud de amparo como en la medida cautelar, aunque en esta última agregó dos párrafos en los cuales destaca que no hay peligro inmediato para la población que reside cerca de la explotación agrícola, por lo que no hay motivo para frenar las fumigaciones aéreas con agroquímicos.
Desilusión
“La Justicia federal nos desilusionó totalmente”, se lamentó la abogada y una de las asesoras legales de los vecinos de Las Palmas y La Leonesa, Alejandra Gómez. La letrada comentó que el emprendimiento agrícola desde el vamos tiene serias irregularidades que admitiría, al menos, que se frene con la pulverización de agrotóxicos. “No se hizo un estudio de impacto ambiental para la instalación de las arroceras, no se cumple con la ley de Residuos Peligrosos y se viola la ley de Biocidas, que establece que no se puede fumigar a menos de 1.000 metros de la población. Hay elementos suficientes para dar lugar a lo que pedimos”, señaló Gómez.
La también integrante de la agrupación Ramón Carrillo comentó que los pobladores que firmaron la presentación vieron esta medida tomada por el juez Valiente como un nuevo baldazo de agua fría. “Una vecina me dijo: ‘¿qué vamos a hacer? Tenemos al intendente (de Las Palmas, José Carbajal) amenazándonos y a los funcionarios del gobierno y diputados del PJ apoyando a Meichtry’”, destacó Gómez.
De todos modos el grupo de pobladores presentó ayer por la tarde una apelación a la medida cautelar, con la intención de que el juez se expida, ya que, según Gómez, no hace falta que sea ámbito de su competencia un hecho que está afectando la salud de las personas. “La Corte Suprema lo hizo en Salta cuando pidió paralizar los desmontes a pesar de que no era su competencia”, dijo la abogada.
En relación con el amparo, la estrategia del grupo de abogados será acatar la incompetencia planteada por el fuero federal y apuntar directamente todas sus fuerzas hacia la Justicia provincial. Consultada por cómo cree que podría avanzar la causa a nivel local, Gómez fue clara: “Tenemos los mismos miedos, pero no nos queda otra, no tenemos más adonde recurrir”.
Cabe recordar que la presentación realizada por los vecinos ante el juzgado federal de Resistencia advertía sobre “las características tóxicas y los efectos nocivos que generan los agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) utilizados para las fumigaciones/pulverizaciones en perjuicio de la salud de los seres humanos, en especial los niños, del ambiente y la biodiversidad; teniendo en cuenta la cercanía de población urbana; la población rural que queda cercada por los establecimientos; (y) el agua utilizada para consumo humano”, entre otros fundamentos.
Fuente: El Diario de la Región
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