por Marcelo SalgadoMientras la Presidenta Cristina Fernández, recibía a las organizaciones como la LGTB y la CHA, para promulgar la ley que modifica el código civil, que permitirá el casamiento igualitario en nuestro país;
su Ministro de salud, Manzur, de publicas y reconocidas vinculaciones con la Iglesia Católica, daba marcha atrás con firma de una resolución, ratificando el uso de una guía técnica para los abortos no punibles contemplados en el art 86 del Código Penal. En el marco del cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado Argentino en materia de derechos humanos de las mujeres, uno de los compromisos del Estado fue modificar todas las condiciones que obstaculizan el acceso por parte de las mujeres a los abortos no punibles, contemplados en la legislación penal esta actualización de la Guía Técnica establece una base que permitirá a cada provincia, adherir al estándar establecido o como lo hizo Chubut dictar su propia ley. Por un lado, desde el Estado Nacional avanza en sentido progresivo y por el otro desde el mismo Estado Nacional, que reivindica muchos aspectos de la defensa de los Derechos Humanos, se vuelve atrás no sólo de compromisos contraídos internacionalmente sino de brindar respuestas a la principal causa de mortalidad de mujeres y adolescentes en nuestro país, el Aborto Clandestino. La confrontación en la sociedad Rápidamente, los sectores conservadores, salieron a plantear argumentos religiosos y esta vez con éxito, llevaron al Ministro Manzur a desandar los compromisos que el Estado Nacional, realizara ante los organismos Internacionales de DDHH. Mientras esto ocurría, a través de los medios de comunicación nacionales y provinciales, muchos sectores plantearon que este no era el momento para dar el debate sobre el aborto, que la sociedad estaba muy radicalizada en ambos sentidos y que es necesario ”respetar” a las instituciones religiosas. ¿Es el momento o no de debatir sobre el aborto? Claramente que si, ya que uno de los pilares que impide avanzar en este tema, viene de una dura derrota en su salvaje oposición al matrimonio igualitario y por que “las corporaciones” que con cobertura política, policial y judicial, que lucran con el millonario negocio de los abortos clandestinos, están a la defensiva. Entre los resultados que arroja la Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina; realizada por el FONCYT y el CONNICET y publicada en Agosto de 2008, destacó que entre sus distintas actividades, la Iglesia Católica debería prestarle más atención: además de ayudar a los más pobres (39%) debe involucrase más en la defensa de los derechos humanos (35%) y solo el 2% de los encuestados piensa que la Iglesia Católica debe Influir en las políticas del gobierno o Dedicarse a temas políticos. La opinión mayoritaria de la sociedad argentina sobre cuestiones controversiales (aborto, educación sexual en las escuelas, uso de anticonceptivos, sacerdocio en las mujeres, etc.) revela la autonomía de conciencia y decisión, y toma distancia de los postulados doctrinarios de las instituciones religiosas. Los datos indican que el 63.9% de la población expresa estar de acuerdo con el aborto en ciertas circunstancias. Se destaca el hecho de que el 68,6% de los católicos opine en igual sentido, evidenciando un estado de creencia religiosa, sin pertenencia ni identificación con las normas que la institución proclama. En el caso de los evangélicos, la adhesión a los principios doctrinarios es más significativa (37,4% contra 15,0% de los católicos). Respecto de la educación sexual; la amplia mayoría de los entrevistados acepta a la escuela como un lugar legítimo para la enseñanza de educación sexual. Las personas que tienen religión también están a favor de que los niños y adolescentes reciban información sobre educación sexual en los colegios, sólo un 6.2% está en desacuerdo. Esta información, claramente revela la opinión de la sociedad frente a estos temas, los embarazos no deseados, los embarazos infantojuveniles, los embarazos producto de violaciones y la alta tasa de mortalidad de adolescentes y mujeres producto de abortos clandestinos, son una realidad que afecta miles de familias en nuestro país, y con el dogma religioso, no se la puede ocultar y los Estados Nacional y provincial, tiene que desplegar respuestas efectivas a los mismos, no esta en juego la fe de las personas, están en juego los derechos de las mismas. Esto explicaría la derrota de la línea dura encabezada por la jerarquía de la Iglesia Católica, que arrastro consigo a la mayoría de los cultos evangélicos, aun dejando de lado sus disputas por la ley de cultos, demostró que mientras las castas superiores agudizan las contradicciones, muchos sacerdotes, muy vinculados a sus comunidades, como el padre Nicolás Alessio, cura de la provincia de Córdoba, estaban mas cercanos a la opinión silenciosa de la mayoría de la sociedad. Luego de años de persecución y discriminación, las minorías sexuales en nuestro país, obtuvieron el reconocimiento jurídico a sus derechos vulnerados, ahora mas que nunca hay condiciones para que nuestra sociedad discuta seriamente y objetivamente el tema del Aborto y el Estado Nacional en cumplimiento con los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos permita el aborto legal en nuestro país. Prof. Marcelo Salgado Coordinador del ISEPCI/Chaco
 |
